Efraín Cepeda, José David Name, Miguel Amín, Gerlein, Benedetti y Armando Zabarain entre los congresistas investigados por la Corte

A menos de un mes de las elecciones legislativas la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir indagación preliminar a aproximadamente 50 congresistas actuales, que aparecen en un listado de más de 200 excongresistas, entre el senado y la cámara, que habrían recibido puestos y contratos a cambio de aprobar proyectos de ley a conveniencia de los interesados.

Esta modalidad, conocida popularmente como “mermelada”, la cual consiste en asignación de cupos indicativos, ha sido fuertemente reprochada por la ciudadanía desde hace varios años cuando progresivamente se ha ido perdiendo la legitimidad de la política y la justicia.

Entre los investigados de los también llamados “diabeticos” por las cantidades de mermeladas que recibieron en diferentes gobiernos presidenciales en el país, también se encuentran congresistas y excongresistas barranquilleros, que de una u otra manera “dizque” reprochaban las mermeladas, que al parecer recibían otros senadores y representantes a la Camara e incluso se escuchaban en los medios de comunicación haciendo alarde de su total rechazo a esta modalidad.

Los senadores barranquilleros que se encuentran investigados son los congresistas por el partido de la U. Miguel Amín Escaf,  Jose David Name Cardozo, y Armando Benedetti, con ellos también son investigados el representante a la Cámara y hoy candidato al senado por Cambio Radical Luis Diaz Granados, y quienes llaman más la atención es el actual presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda Sarabia, junto a su formula al congreso Armando Zabaraín, quienes en repetidas ocasiones cuestionaban las “mermeladas” entregadas por el gobierno nacional.

La Corte también confirmo, que el aún senador conservador Roberto Gerlein Echeverría, también se encuentra investigado por este hecho al igual al suspendido y recluido en una cárcel Álvaro Ashton.

Esta investigación de la Corte se sustenta en las denuncias interpuestas en 2013 por Ricardo Cifuentes y Eduardo Carmelo, representando a la ONG Corporación Foro Ciudadano; la otra de ellas tuvo lugar en el año 2014, y fue llevada a cabo por el colectivo ‘Dignidad Conservadora’.

Los argumentos de las denuncias explican que los cupos indicativos serían la forma de “pago” de votos a favor de iniciativas a conveniencia, todo esto sumado a las otras modalidades de retribución de favores políticos como serían la entrega de cargos públicos a familiares y amigos, y la adjudicación de millonarios contratos con el estado.

la Corte le pidió a la Fiscalia y Procuraduría que le entregue información sobre si en sus entidades existen denuncias por este mismo tema. Además, verificarán si en el Palacio de Nariño hubo reuniones con miebros de las bancadas de los partidos políticos, y se estudiará la cuenta de Twitter del exvicepresidente Francisco Santospues, una de las pruebas que está adjunta en la demanda, son varios de sus trinos denunciando que congresistas estaban recibiendo sobornos a cambio de apoyar iniciativas del gobierno.

En total son 164 los congresistas que serán entrevistados por miembros del CTI. De prosperar la denuncia, los involucrados deberán desponder por delitos como cohecho, conclusión, peculado, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

En el marco de esta investigación, se harán averiguaciones por la presunta existencia de un cartel destinado a lograr la reelección del actual presidente Juan Manuel Santos, en el que al parecer se repartieron 1900 cargos a solo 164 congresistas en 23 entidades públicas, los cuales habrían sido “negociados” para realizar lo necesario para la reelección.

Ahora la Corte procederá a investigar y determinar si los parlamentarios y ex congresistas estarían involucrados en dichas actividades y se harán acreedores de la imputación de los cargos de cohecho, concusión, celebración indebida de contratos, peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Así mismo La Corte llamó a declarar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, así como a John Sudarsky, Camilo Romero, Iván Cepeda, Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos, Pedro Medellín y Juan Camilo Restrepo.

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