Cárcel para delitos electorales, el ‘coco’ en varias campañas del 2018

Hasta nueve años de cárcel y multas de más de 900 millones de pesos tendrán que pagar los candidatos al Congreso y a la Presidencia que incurran en ciertos delitos electorales.

Las nuevas sanciones, que se estrenarán en la campaña electoral de este año, están contempladas en una ley que se sancionó en agosto pasado y que fue impulsada por el representante a la Cámara Edward Rodríguez (Centro Democrático).

De acuerdo con la norma, que está siendo el ‘coco’ en varias campañas al Congreso, hay cinco faltas electorales que serán llevadas al terreno de lo penal, es decir que sus sanciones contemplarán ir a la cárcel.

Antes de esta ley, los delitos electorales –que escasamente se castigaban– eran investigados y sancionados como faltas administrativas. Esto quiere decir que no pasaban de convertirse en multas. Con el cambio, candidatos y gerentes de las campañas que violen la ley tendrán que pagar cárcel por ello.

El viceministro del Interior para la Participación e Igualdad de Derechos, Luis Ernesto Gómez, afirmó que la idea es que “se atajen o por lo menos se castiguen” episodios como los recientes escándalos de corrupción política.

El primer delito contemplado por la nueva ley es la violación de los topes de gastos.En este caso, la novedad es que la multa no recaerá sobre el partido político que avaló al aspirante, como sucede ahora, sino sobre el candidato y el gerente de su campaña. La elevada financiación de las campañas políticas es uno de los males de la democracia que se ha buscado combatir. En épocas electorales y en ciertas regiones del país se habla de campañas al Senado de 3.000 millones o 4.000 millones de pesos, cuando lo permitido para esta elección son alrededor de 800 millones.

EL TIEMPO supo que varios candidatos al Congreso de la República no han contado con los aportes que antes recibían de algunos empresarios precisamente por el temor a esta falta, que ahora conllevará cárcel de entre cuatro y ocho años.

El segundo delito electoral que llevará a prisión es cuando un candidato sea elegido estando inhabilitado para aspirar. En ese apartado caerán los que tengan pendiente alguna decisión disciplinaria o fiscal. Para evitar esto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revisó casi 100 inscripciones de candidaturas al Congreso que tuvieran una supuesta tacha, de las cuales 19 fueron remitidas por el Gobierno Nacional de una lista que elaboró la Procuraduría.

No obstante, es posible que entre casi 3.000 candidatos que están aspirando al Congreso haya alguno que tenga líos pendientes con la Procuraduría o la Contraloría y esté inhabilitado para ser elegido. Si es descubierto, tendrá que ir a la cárcel entre cuatro y nueve años.

La tercera falta electoral que dará cárcel es el ingreso de dineros del narcotráfico o de otras fuentes de financiación prohibidas a las campañas electorales.

Esta conducta, que ha sido denunciada desde hace varios años, pero pocas veces logra comprobarse, dará de cuatro a ocho años de prisión.

El cuarto delito es el de los candidatos que no informen sobre los aportes que hayan recibido en sus campañas, los cuales varias veces provienen de empresarios y seguidores.

Y la quinta falta es ofrecer los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádivas, la cual será castigada con prisión de cuatro a nueve años. 

Para alertar sobre estos delitos, el Ministerio del Interior habilitó la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), ante la cual se podrá denunciar de manera anónima y a través de la web.

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